PERMISO A CONDENADOS POR TERRORISMO SE AJUSTA A LEY, ASEGURA SAN MARTÍN
El presidente de la Corte Suprema, César San Martín, dijo hoy que los permisos de viaje otorgados a extranjeros sentenciados por terrorismo se ajustan a ley y descartó que el Poder Judicial esté mostrando benevolencia en este tema.
“En estos caso lo que esta fuera de discusión es que estas medidas se han dictado dentro del marco de la ley”, manifestó en conferencia de prensa.
San Martín destacó que los jueces resolvieron autorizar esos viajes en el marco de una absoluta independencia de sus decisiones, descartando cualquier posibilidad de intervenir para orientar el sentido de las resoluciones judiciales.
“El Poder Judicial tiene como principio fundamental en su funcionamiento la independencia de cada juez que es una autoridad pública, y el juez solo se debe a la ley y es responsable de las decisiones que dicta”, agregó.
Además, dijo que este tipo de permisos no es una novedad porque ya anteriormente el Poder Judicial autorizó a presos extranjeros a viajar a sus países de origen.
Mencionó que todas las autorizaciones de viaje se aprobaron cuando faltaba poco tiempo para que los sentenciados cumplan sus respectivas condenas, e informó que todos ellos retornaron al país tras agotarse el permiso.
Puso como ejemplo los casos de los ciudadanos chilenos María Pincheira Sáenz y Alejandro Astorga Velez, condenados por terrorismo, quienes viajaron a su país con permiso judicial para luego retornar al Perú a continuar con su condena.
Respecto a los recientes permisos que generaron polémica en la opinión pública, como el caso de la ciudadana estadounidense Lori Berenson, mencionó que fue una decisión independiente del Poder Judicial e hizo notar que el Ministerio de Justicia, cuyo titular, Juan Jiménez, criticó la entrega de permiso, no interpuso recurso apelatorio.
Asimismo, explicó que el ciudadano chileno Laurato Mellado -condenado por terrorismo por sus vínculos con el MRTA- necesitaba viajar a su país de origen para recibir tratamiento médico que no podía costear en el Perú.
Recordó que cuando se presentaron estas solicitudes la legislación vigente permitía que la última etapa del tratamiento pueda ser en libertad bajo reglas de conducta.